Luego de tanas denuncias mediáticas entre integrantes del Concejo Deliberante y el Poder Ejecutivo del municipio de Rosario de la Frontera, las cosas se fueron tornando cada vez más densas, más sabiendo que se aproxima una elección donde se pone en juego el Poder Político por los siguientes cuatro años de nuestro Departamento.
Tal es el caso de la Carta Documento que enviare el concejal radical, el Ing. Adrián Bartolomé Luque a la Sra. Intendenta Municipal, doña Romula Dina Gómez de Montero, en la jornada del día 21 de febrero, la cual expresa textualmente lo siguiente:
Ante el INCUMPLIMIENTO por parte del Departamento Ejecutivo Municipal que Ud. Dirige en relación a la erradicación de la zona de “El Bajo” de nuestra ciudad que cuenta con la aprobación unánime de Ordenanza 3304/10 para la realización de 100 unidades habitacionales, según convenio con el Instituto Provincial de la Vivienda del 4 de marzo de 2009, y habiendo transcurrido casi dos años sin que el Departamento Ejecutivo proceda en tiempo y forma en la ejecución y/o realización de tales unidades habitacionales, estando desde entonces el dinero dispuesto por el IPV a vuestra disposición sin utilizar es QUE LA HECMOS RESPONSABLE de las consecuencias que pudiere sobrevenir para las familias aún allí radicadas por efecto de las inundaciones, enfermedades por existencia de aguas contaminadas, que derivarían en varios perjuicios para la salud y calidad de vida de los moradores y de la población en general, haciéndola PASIBLE en consecuencia de ser denunciada penalmente por abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público (Art. 245 y 249 del Código Penal).
QUEDA UD. LEGALMENTE NOTIFICADA
Aunque el DEM, había anunciado esta obra, el pasado 29 de diciembre, donde se informara oportunamente mediante una conferencia de prensa la firma del Convenio entre el Gobierno Provincial y el Municipal, para la erradicación de las villas de emergencias (Santa Ana y Obras Sanitarias) y que la misma era un exclusivo compromiso asumido por la sra. Esposa del gobernador Urtubey, en visitas preelectorales del año 2007, donde en circunstancias fuera acompañada por la entonces candidata a intendente por ese Frente, la actual Diputada Provincial, Valeria Orozco y por boca del mismo secretario de Obras y Servicios Públicos, don Julio Rivera, la obra en cuestión iba dar comienzo en el mes en curso (febrero 2011) y que por ese momento las familias que iba a ser beneficiadas solo eran aquellas que se había censado oportunamente y que el listado había sido conocido por la Primera dama Provincial, desechando todo otro relevamiento realizado con posterioridad del mismo.
Mas allá de esta ilustración periodística del caso, que solo sirve para que el lector pueda tener una secuencia de los hechos, lo cierto es que el conflicto de poderes comienza a hacerse notar, porque mas alla de esta denuncia formal, son continuas las denuncias que apuntan al Ejecutivo Municipal, mas de aquellos ediles que hoy están haciendo uso de la oposición, denuncias como lo redacta la carta Documento Nº 4010905100, que se transcribiera anteriormente de abusos de autoridad, de incumplimientos de ejecución de ordenanzas y el absoluto desinterés al Poder Legislativo Municipal.
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